La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El fallo se sustenta en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que desde 2019 marca que los contratos de alquiler tienen una duración mínima garantizada de cinco años cuando el arrendador es una persona física, aunque las partes acuerden un plazo menor